International Development Law Organization

Honduras invierte para una mejor rehabilitación de personas privadas de libertad

30 Jan 2018

Reconociendo la necesidad de armonizar los servicios y el tratamiento de su población carcelaria, el gobierno de Honduras ha aumentado el presupuesto asignado a los servicios de personas privadas de libertad - como la atención médica y psicológica, la educación, la asistencia legal y el apoyo de profesionales de trabajo social - para lograr una rehabilitación y reintegración más efectiva de las personas privadas de libertad.

Hasta hace poco, sin los recursos financieros necesarios, las autoridades penitenciarias locales han tenido dificultades para establecer un enlace efectivo con las instituciones a nivel nacional o coordinarse con los sistemas de salud y justicia.

"Las personas privadas de libertad sufren las consecuencias de estas deficiencias," comentó un representante de Pastoral Penitenciaria, un programa de la Iglesia Católica que brinda asesoría legal, apoyo y entrenamiento básico para personas privadas de libertad en San Pedro Sula. "No participan en las audiencias judiciales. No saben quién es su defensor público. Se pierden las citas médicas. No tienen acceso a un tratamiento especializado y la lista continua. Como resultado, el ambiente penitenciario en sí crea detenidos que son apáticos, agresivos y propensos a recaídas."

IDLO ha estado colaborando con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para mejorar el acceso a la justicia para las personas privadas de libertad fomentando el diálogo entre diversas instituciones y desarrollando regulaciones. Al estandarizar el trabajo y las funciones de los "Consejos Técnicos Interdisciplinarios", Comités encargados de desarrollar “Planes Progresivos Individuales de Reeducación, Reinserción y Rehabilitación”, IDLO está apoyando una mejor coordinación de los servicios de rehabilitación para los prisioneros.

Un manual de operaciones desarrollado por IDLO encarga a los Comités, entre otras cosas, de establecer procedimientos sistemáticos para la prestación de servicios en el sistema penitenciario, aumentando el conocimiento de los procedimientos. Cada establecimiento penitenciario debe tener su propio Comité permanente, que a su vez se compone de un conjunto de roles que incluyen: doctores, psiquiatras, nutricionistas, pediatras, ginecólogos, psicólogos, maestros pedagogos, abogados y trabajadores sociales.

"Es obligatorio que el sistema penitenciario cuente con médicos, asesores jurídicos, trabajadores sociales y psicólogos que contribuyan directamente al tratamiento de las personas privadas de libertad." - German Mcniel, Instituto Nacional Penitenciario

"Esperamos que todos los centros de detención gradualmente comiencen a llenar los puestos a los que están comprometidos por ley," dijo German Mcniel, Sub-Director Nacional del INP. "Es obligatorio que el sistema penitenciario cuente con médicos, asesores jurídicos, trabajadores sociales y psicólogos que contribuyan directamente al tratamiento de las personas privadas de libertad."

El gobierno ha realizado acciones para mejorar la infraestructura del Sistema Penitenciario y el aumento del presupuesto para la contratación de personal en los equipos técnicos multidisciplinario demuestra un interés por la rehabilitación, siendo que la rehabilitación ha sido un trabajo donde la participación de las organizaciones de la sociedad civil ha sido protagónico. Existen organizaciones que brindan asistencia directa, apoyo legal, actividades religiosas y capacitación para personas privadas de libertad o funcionarios del gobierno dentro del sistema penitenciario.

El presupuesto anual asignado a los servicios de personas privadas de su libertad suministrados por el INP aumentó de un 28% en el 2017 en comparación con el 2016, con un incremento de seis veces superior para los Comités. Esto sigue una tendencia general en el aumento del presupuesto por parte del INP en los últimos años. Para optimizar y mejorar los servicios, IDLO está también colaborando a definir marcos regulatorios para la intervención del papel de la sociedad civil en base a la ley que establece el INP aprobada en el 2012.

Como parte de un programa de cinco años financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, IDLO está trabajando para mejorar el acceso a los servicios de asistencia legal y también para desarrollar servicios de rehabilitación y reintegración para personas privadas de libertad en Honduras. Mediante la mejora de la respuesta legal, el programa de IDLO tiene como objetivo aumentar la confianza de las comunidades en el sistema de justicia y la capacidad de acceso, y en última instancia contribuir al mismo tiempo la reducción de la violencia en el país.

Lea este artículo en inglés

Country: